La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha propuesto que sea la banca la que asuma el coste en intereses que supondría ampliar los plazos hipotecarios a las familias con mayores dificultades económicas, respondiendo así a una de las propuestas que el sector financiero ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En concreto, en el marco de la colaboración entre Economía y la banca, se ha elaborado un borrador de real decreto por el que se aprobaría un protocolo temporal de extensión de plazos para deudores hipotecarios afectados por la subida de tipos en el actual contexto inflacionista, y que incluiría la posibilidad de extender el plazo de amortización de los préstamos en hasta cinco años, siempre que este plazo no supere los 40 años desde su concesión.
Ante esta propuesta, Adicae ha pedido que sea la banca la que asuma para del coste que en intereses supone extender dichos plazos. Así, la asociación contempla para los hipotecados en mayores dificultades moratorias que «no sean meras carencias de capital».
Recogiendo datos de la Comisión de Control sobre el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de la banca para la reestructuración de deuda, «tan solo 41.560 hipotecados» han reestructurado su deuda, «con unas condiciones muy ambiguas, y pese a que fueron casi 100.000 las solicitudes presentada en ese período, y solo en 13 casos se procedió a una ‘quita'».
Por otro lado, ha advertido del «desproporcionado sobrecoste» de la medida para los hipotecados y del «escandaloso beneficio extra» para las entidades. «Así, tomando como referencia la hipoteca media ofrecida por el INE (de 146.445 euros, para un plazo de 25 años), un aumento del plazo en cinco años conllevaría pasar de pagar en torno a 595 euros mensuales a pagar 515 euros, pero a cambio el montante de intereses se incrementaría en 6.701 euros, pasando de unos intereses totales de 31.297 euros a 37.998 euros en intereses», según los cálculos que ha realizado la asociación.
Igualmente, Adicae considera «necesario» establecer un mecanismo de supervisión y control de la aplicación de las medidas que finalmente se establezcan, «dados los abusos que en los últimos años se han apreciado por parte de la banca», así como sistemas que garanticen que los consumidores cuenten con información y orientación «independiente» a la hora de acceder a las medidas.
La asociación también cree necesario ampliar los colectivos de consumidores destinatarios de las medidas, tras el aumento de las ejecuciones hipotecarias iniciadas. En este sentido, señala que desde 2020 hasta junio de 2022, se han incrementado un 36%, hasta acumular un total de 60.986 ejecuciones.